ACERCA DE LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

La reforma de la Justicia, que el gobierno del PP esta haciendo a toda prisa para tratar de atajar la indignación popular por la corrupción incontrolada de muchos politicos, se parece mas a un intento por dejar las cosas tal y como están que de un autentico ataque frontal a la corrupción; al parecer se trata, como ya es costumbre, de cambiar alguna cosa para que, en lo fundamental, no cambie nada y todo siga prácticamente igual.

De las informaciones que están dando los medios sobre esta próxima reforma se deduce, a primera vista, que los temas mas importantes no van a sufrir cambio alguno, como es el caso del aforamiento.

En nuestro pais hay la friolera de 17.621 aforados mientras, en los paises de nuestro entorno, apenas hay unos cuantos aforados o incluso ninguno, como es el caso de Alemania; por lo visto la nueva reforma ni siquiera va a entrar en este asunto. Tampoco entrará en esta reforma legal la dimisión obligatoria de cargos institucionales con procedimientos abiertos por corrupción, medida absolutamente necesaria ya que la permanencia en sus cargos de los presuntos corruptos produce en los ciudadanos una sensación de impunidad y una gran alarma social y una persona bajo una grave sospecha de corrupción debería estar inhabilitada para el ejercicio de un cargo publico hasta que no se substancie, en un sentido o en otro, su presunto delito...

Hay medidas como la limitación de las instrucciones judiciales a seis meses, prorrogables a 18 en los casos mas complejos, que a primera vista pueden parecer lógicas, ya que la justicia debe ser lo mas rápida posible pero que, en la practica, dificultarían la correcta marcha del proceso en beneficio de los imputados ya que, en muchos casos, solo las comisiones rogatorias, sobre todo a paises como Suiza, ya tardan mas y suelen retrasarse incluso mas de los seis o los 18 meses que debería durar la instrucción y eso sin contar los multiples recursos interpuestos con la sola intención de retrasar la causa. 

Los jueces están reclamando medidas como la ampliación de la prescripción de los delitos de corrupción, que no tendrían porque prescribir ya que son delitos contra la sociedad en su conjunto que afectan a todos los ciudadanos, así como introducir nuevas figuras penales como la de enriquecimiento injusto y la de financiación ilegal de partidos politicos, figura delictiva que afectaría directamente a la reciente financiación ilegal del PP y lo que no podemos entender muchos ciudadanos es como puede ser posible que la financiación ilegal de los partidos todavia no sea delito y al parecer, va a seguir sin serlo. Los jueces tambien proponen al gobierno despenalizar las pequeñas infracciones que suponen un desproporcionado esfuerzo para la justicia y lo que es mucho mas importante: despolitizar la justicia cambiando los mecanismos de elección del

Tribunal Constitucional, presidido en la actualidad por un exmilitante del PP, el Consejo General del Poder Judicial, en el que el PP tiene mayoría y el Tribunal de Cuentas organismo, plagado de amigos y familiares de cargos del PP, totalmente inoperante porque tarda cuatro años en revisar las cuentas, el mismo tiempo necesario para la prescripción de las posibles infracciones o delitos contenidos en ellas. No parece muy democratico que los politicos designen a los integrantes de las instituciones que, dado el caso, tendrían que investigarlos o controlarlos, evidentemente tampoco va entrar este asunto en la la inminente reforma de la justicia. La prohibición de indultar a condenados por delitos de corrupción es algo que se cae por su propio peso si de lo que se trata es de luchar eficazmente contra ella, medida logica que cambien reclaman los jueces.

Y el meollo de la cuestión, la evidente falta de jueces y de los medios materiales y de personal para que estos puedan ejercer su función, tampoco sera abordada por esta reforma, mas que tibia, que pretende abordar el Gobierno del PP. Según denuncian los jueces en España tenemos la mitad de jueces, en relación al numero de habitantes, que hay en los paises de nuestro entorno y en lo referente a los medios de que disponen los jueces la cosa es aún mucho mas grave, son tan escasos que los corruptos muchas veces disfrutan de total impunidad por falta de los medios necesarios. Los jueces demandan peritos y especialistas de todo tipo ya que dada la complejidad de algunos procesos es imposible sacarlos adelante sin su imprescindible asesoramiento, así como mas juzgados, mas ordenadores, mas técnicos... y mucho mas personal.

En definitiva, una vez mas el Gobierno, que con su mayoría absoluta podría hacer auténticos y efectivos cambios, intenta engañar a los ciudadanos tratando de hacerles ver lo que no es: que pretenden realmente acabar con la lacra de la corrupción politica en nuestro pais cuando, los cambios emprendidos, solo son una cortina de humo para tapar sus verdaderas intenciones, cambiar algo para que todo siga mas o menos como antes.